La impunidad y el debilitamiento del Estado de derecho en México han llevado a que muchos ciudadanos pongan sus esperanzas en una posible intervención de Estados Unidos para combatir a los cárteles y funcionarios presuntamente vinculados al crimen organizado. La percepción de que las instituciones mexicanas no investigan a fondo estos vínculos ha generado una creciente expectativa sobre acciones externas.
El deterioro del Estado de derecho en México
El Índice Mundial de Estado de Derecho del World Justice Project coloca a México en el puesto 121 de 143 países, y en la posición 28 de 32 a nivel regional. Esta situación se agrava tras la elección de la mitad del aparato judicial, lo que ha permitido al partido gobernante controlar los tres poderes. El debilitamiento del Poder Judicial ha sido un factor clave en la percepción de impunidad.
La falta de investigaciones internas sobre presuntos vínculos entre funcionarios y el crimen organizado alimenta la creencia de que solo una acción del gobierno estadounidense podría generar cambios reales. Esta visión se refuerza ante la negativa de las autoridades mexicanas a investigar a sus propios integrantes cuando son señalados.
Señalamientos y listas filtradas
Durante la administración Trump, se habrían entregado al gobierno mexicano listas con nombres de funcionarios morenistas presuntamente vinculados con los cárteles. Entre los mencionados se encuentran los hijos del expresidente López Obrador, Adán Augusto López Hernández, Hernán Bermúdez Requena, Mario Delgado, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Alfredo Ramírez Bedolla, Marina del Pilar Ávila Olmeda y otros funcionarios. Estos nombres han circulado en diversos medios de comunicación, aunque no se han abierto investigaciones formales en México.
La presidenta Sheinbaum ha defendido públicamente a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y ha negado la necesidad de investigar a él, al senador Enrique Insunza y otros funcionarios, incluso ante un veredicto de un jurado ciudadano en la Corte Sur de Manhattan.
El papel de Estados Unidos y la presión internacional
En la opinión pública mexicana es común escuchar que, tarde o temprano, Estados Unidos actuará contra el crimen organizado y sus presuntos vínculos políticos. El experto en seguridad Edgardo Buscaglia recordó en Aristegui Noticias que en el juicio contra los sinaloenses participó un jurado ciudadano independiente, que estableció la probable responsabilidad de los mencionados con la delincuencia organizada.
Algunas voces han propuesto la creación de un órgano independiente similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que funcionó a partir de un acuerdo entre la ONU y el Estado guatemalteco. Sin embargo, la participación del Estado mexicano parece inviable mientras existan señalamientos contra militantes del partido gobernante.
El debate sobre la intervención estadounidense se reavivó cuando el presidente Trump replicó un comentario del analista Bill O’Rally, quien sostiene que México no es amigo de Estados Unidos porque la presidenta Sheinbaum rechaza la participación de fuerzas estadounidenses para combatir a los cárteles.
Respuestas políticas y expectativas sociales
Militantes de partidos de oposición han solicitado formalizar un esfuerzo conjunto entre ambos gobiernos, participando en foros públicos y reuniéndose con funcionarios de Estados Unidos. No obstante, la expectativa de una acción unilateral estadounidense, como la emprendida contra Nicolás Maduro, sigue latente entre muchos mexicanos.
La creencia de que figuras como López Obrador, sus hijos, Rocha Moya y otros podrían ser objeto de medidas por parte de Estados Unidos persiste en sectores de la sociedad. El contexto político, marcado por el control de los tres poderes y la falta de investigaciones internas, refuerza la percepción de que la solución podría venir del exterior.
Para más contexto sobre la relación bilateral y la presión internacional, consulta Estados Unidos y la Corte Penal Internacional: doble rasero en el derecho internacional.
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