La estrategia de Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha evolucionado: ya no solo apunta a líderes criminales, sino también a quienes presuntamente les brindan protección institucional. Esta nueva fase coloca a funcionarios mexicanos bajo un escrutinio inédito y plantea interrogantes sobre la solidez de las pruebas presentadas.
Acusaciones y recompensas millonarias
El 5 de agosto, el Departamento de Justicia de EU anunció acusaciones penales contra cinco presuntos jefes del CJNG. Además, se ofrecieron recompensas que superan los 100 millones de dólares. Días antes, el Departamento del Tesoro sancionó a 55 personas y empresas vinculadas al cártel, incluyendo a Juan Carlos Valencia, el Pelón, señalado como actual líder de la organización.
La DEA también comunicó haber identificado a funcionarios mexicanos que supuestamente protegen al CJNG. Sin embargo, hasta ahora, Estados Unidos no ha hecho públicos los nombres de estos funcionarios ni ha presentado cargos formales o evidencia concreta sobre el caso.
El caso Rocha Moya y la falta de pruebas
El 29 de abril, el Departamento de Justicia de EU solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador morenista con licencia de Sinaloa, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de ese estado, por presuntos nexos con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
En respuesta, México solicitó las pruebas por la vía diplomática. Tres meses después, EU no ha entregado la documentación requerida. Esta situación evidencia un patrón: acusaciones públicas sin que se presenten pruebas judiciales de respaldo.
Un cambio de enfoque en la estrategia estadounidense
En años recientes, agencias estadounidenses han investigado temas como lavado de dinero, tráfico de fentanilo, huachicol fiscal y empresas fachada relacionadas con organizaciones criminales mexicanas. Estas investigaciones han derivado en sanciones y decomisos, pero en pocos procesos penales.
Ahora, la estrategia de EU va más allá de interceptar cargamentos de droga. Se observa una tendencia a designar como terroristas a organizaciones criminales, investigar empresas, criptomonedas, fraudes electrónicos y redes de protección política. Este enfoque contrasta con el de las autoridades mexicanas, que continúan priorizando la captura de jefes, sicarios y operadores de bajo nivel.
Implicaciones de la cooperación bilateral
La escalada de señalamientos públicos sin respaldo judicial sólido puede afectar la credibilidad de ambos gobiernos y la cooperación bilateral. Acusar a funcionarios de proteger a un cártel requiere pruebas contundentes, no solo declaraciones.
La historia reciente muestra que la infiltración de organizaciones criminales en estructuras institucionales es una realidad. Sin embargo, identificar con precisión a los responsables y acreditar judicialmente su participación sigue siendo el reto principal.
¿Hacia una nueva estrategia en México?
Mientras EU desarrolla expedientes financieros complejos, México mantiene una estrategia centrada en la persecución de operadores visibles. Esta táctica ha resultado insuficiente para desmantelar organizaciones con la capacidad financiera y operativa del CJNG.
La verdadera prueba llegará cuando Estados Unidos presente pruebas concretas contra funcionarios señalados. Solo entonces se podrá evaluar el impacto real de esta ofensiva y si México adoptará un enfoque similar.
Para más análisis sobre el impacto de la corrupción y la violencia en México, consulta Seis influencers asesinados y ningún caso resuelto en Sinaloa.
Únete al canal de WhatsApp de CRITIKA
