El papel de Estados Unidos frente a la Corte Penal Internacional (CPI) ha estado marcado por una marcada ambivalencia. El país ha alternado entre cooperar con el tribunal cuando sus intereses lo demandan y rechazar su legitimidad cuando afecta a sus aliados, evidenciando un doble estándar en el derecho internacional.
Del apoyo a la CPI al rechazo por Israel
En 2023, el presidente estadounidense Joe Biden ordenó a las agencias de inteligencia de su país compartir pruebas sobre presuntos crímenes de guerra rusos con la CPI, buscando la imputación del presidente ruso Vladímir Putin. Esta decisión rompió con la postura tradicional de Estados Unidos, que sostenía que la CPI no podía ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no han ratificado el Estatuto de Roma, como Rusia y el propio Estados Unidos.
Sin embargo, en noviembre de 2024, la situación cambió radicalmente cuando la CPI dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant. Biden calificó la decisión de “indignante” y reafirmó el apoyo incondicional de su país a Israel, que tampoco es signatario del Estatuto de Roma.
Escalada de sanciones y presión contra la CPI
La llegada de Donald Trump a la presidencia intensificó la confrontación. Su administración impuso sanciones a funcionarios de la CPI, incluyendo la congelación de activos. En agosto de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio acusó a la Corte de ser “un instrumento de guerra jurídica”. Para diciembre, 11 jueces y fiscales de la CPI ya habían sido sancionados por Estados Unidos.
En julio siguiente, el Departamento de Estado estadounidense lanzó una campaña para desmantelar la Corte. Así, Estados Unidos pasó de colaborar con la CPI en casos que le beneficiaban, a atacarla abiertamente cuando sus decisiones afectaban a sus aliados.
La lógica de la CPI y la respuesta internacional
El Estatuto de Roma establece que la CPI actúa como tribunal de última instancia, interviniendo solo cuando los gobiernos nacionales no investigan de buena fe los crímenes de guerra y contra la humanidad. La objeción de Israel, que sostiene que Palestina no es un Estado, complica la posibilidad de una investigación nacional genuina.
Mientras tanto, la CPI carece de facultades policiales para ejecutar arrestos, pero sus órdenes de detención tienen impacto internacional. Putin, por ejemplo, no puede viajar a ninguno de los 125 países que han ratificado el Estatuto de Roma sin riesgo de ser detenido, lo que lo llevó a participar por videoconferencia en la cumbre del BRICS de 2023 en Sudáfrica. De manera similar, la orden contra Netanyahu le obliga a reconsiderar sus viajes internacionales.
El precedente de la justicia internacional
La historia reciente muestra que el poder no garantiza inmunidad indefinida. El caso del general Augusto Pinochet en 1998, detenido en Londres a petición de un juez español bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, sentó un precedente. Aunque Pinochet evitó el juicio y falleció en 2006, su detención influyó en casos posteriores, como la condena a cadena perpetua del exdictador chadiano Hissène Habré en 2016 y el juicio a Slobodan Milošević en La Haya.
- Pinochet fue arrestado tras dejar la presidencia.
- Habré fue condenado en Senegal tras su exilio.
- Milošević enfrentó juicio tras ser derrocado.
Estos ejemplos muestran que la justicia internacional puede alcanzar a líderes incluso después de perder el poder.
Estados Unidos y el futuro del derecho internacional
Tras 1945, Estados Unidos promovió un orden mundial basado en instituciones bajo su influencia. La creación de la CPI y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) introdujo mecanismos de rendición de cuentas independientes. En diciembre de 2023, Sudáfrica denunció a Israel por genocidio ante la CIJ por su actuación en Gaza, y la Corte dictó medidas provisionales un mes después.
A diferencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos puede vetar resoluciones, no tiene ese poder sobre la CPI o la CIJ. Esto deja a Estados Unidos ante dos caminos: participar e influir desde dentro, o boicotear y perder voz en las decisiones. Actualmente, ha optado por lo segundo, lo que permite que otros países tomen el liderazgo en el desarrollo del derecho internacional.
Para profundizar en el impacto de la justicia internacional en otros países, puedes consultar el artículo Kast impulsa reformas legislativas contra el crimen organizado en Chile.
Conclusión: el costo de renunciar al derecho internacional
Estados Unidos, al apostar contra la CPI cuando afecta a sus aliados, renuncia a un sistema legal internacional que en su momento ayudó a crear. La experiencia de líderes como Pinochet demuestra que la protección del poder es temporal y que la justicia internacional puede alcanzar a quienes la desafían, aunque sea después de dejar el cargo.
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