El lavado de dinero en México alcanza cifras que rivalizan con presupuestos federales enteros. El crimen organizado mueve alrededor de 44,000 millones de dólares al año, equivalentes a 760,000 millones de pesos, lo que representa cerca del 2.5% del PIB nacional. Este fenómeno exige una red de especialistas y estructuras que rara vez quedan expuestas.
El golpe del Tesoro de Estados Unidos al CJNG
El 23 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 39 personas y 16 empresas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estas empresas operaban en sectores como gasolineras, producción de tequila, agricultura, venta de ropa, calzado infantil, seguridad privada y suplementos deportivos.
Esta acción es considerada la mayor ofensiva financiera contra el CJNG. Sin embargo, ninguna de estas empresas surge de la nada: para su constitución fue necesario redactar actas, comparecer ante notarios, inscribirse en el Registro Público de Comercio, tramitar el Registro Federal de Contribuyentes, abrir cuentas bancarias y llevar contabilidad ante el fisco. Todo esto requiere experiencia y conocimiento especializado.
La arquitectura invisible detrás del lavado
El gobierno de Estados Unidos estima que el crimen organizado en México lava alrededor de 44,000 millones de dólares al año. Este volumen de recursos, equivalente a 760,000 millones de pesos, demanda una infraestructura mucho más amplia de la que aparece en los expedientes públicos.
Durante dos décadas de investigaciones, se ha evidenciado una desproporción entre el tamaño de las redes financieras descritas por las autoridades y el número de profesionales identificados como parte de ellas. La arquitectura financiera detrás del lavado requiere la participación de abogados, notarios, contadores, banqueros y agentes inmobiliarios, entre otros.
Casos documentados y el papel de los profesionistas
En 2014, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) sancionó a tres abogados mexicanos vinculados con Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno. En julio de 2024, el Tesoro sancionó a tres contadores mexicanos con sede en Puerto Vallarta y a cuatro empresas relacionadas con fraudes de tiempos compartidos operados por el CJNG. En 2025, un abogado mexicano se declaró culpable en Estados Unidos de lavar más de 52 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa.
Estos casos son pocos si se comparan con las cientos de personas y empresas sancionadas y los miles de detenidos en México. El Grupo de Acción Financiera Internacional ha advertido sobre la vulnerabilidad de ciertos profesionistas al ser utilizados para ocultar a los beneficiarios finales de empresas.
- 2014: Sanción a tres abogados mexicanos.
- Julio de 2024: Sanción a tres contadores y cuatro empresas en Puerto Vallarta.
- 2025: Un abogado mexicano se declara culpable de lavar más de 52 millones de dólares.
¿Quién diseña la red financiera?
No se sugiere que todos los abogados, notarios o contadores estén involucrados en delitos. La mayoría opera dentro de la ley. Sin embargo, la duda persiste: ¿las investigaciones llegan hasta quienes diseñan la arquitectura financiera, o solo a quienes la administran?
Detener a los operadores apenas interrumpe temporalmente la red. Los cárteles pierden jefes y empresas, pero reconstruyen sus estructuras financieras una y otra vez. Tras 25 años de combate al narcotráfico, el bajo número de profesionistas sancionados no explica cómo se mantiene esta compleja arquitectura.
Implicaciones y desafíos
El lavado de dinero en México es un fenómeno que trasciende la acción policial. La magnitud de los recursos involucrados y la sofisticación de las estructuras financieras requieren un enfoque más profundo. Para conocer más sobre el contexto económico entre México y Estados Unidos, consulta el análisis sobre el superávit comercial México-EU.
Mientras la arquitectura financiera del crimen organizado permanezca en las sombras, el reto para las autoridades mexicanas y extranjeras seguirá vigente.
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