A pesar de las críticas y alertas previas, el Consejo Fiscal se encuentra en proceso de ajustar su gestión para cumplir con la Ley que otorga gratificación y CTS a los trabajadores del régimen CAS. La normativa, promulgada por el gobierno de José María Balcázar, exige a las entidades del Estado realizar modificaciones presupuestales para garantizar estos derechos laborales.
Contexto y avances en la implementación de la Ley para trabajadores CAS
Desde su promulgación, la Ley 32563 ha generado controversia, principalmente por su impacto en el gasto público. El Consejo Fiscal, que en su momento alertó sobre el elevado costo de esta medida, ahora se encuentra en la fase de adaptación para cumplir con la normativa. Aunque aún faltan pronunciamientos de algunos ministerios, como Educación y Salud, la mayoría de las entidades ya han comunicado su intención de ajustarse a la ley.
Consulta del Consejo Fiscal al MEF y detalles clave
En una comunicación enviada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Consejo Fiscal realizó varias consultas relacionadas con la correcta aplicación de la Ley 32563. Entre ellas, preguntó qué clasificadores de gasto deben considerarse para las modificaciones presupuestales necesarias para habilitar los conceptos de gratificación y CTS en el Sistema de Administración Financiera (SIAF). También solicitó información sobre la fecha en que se publicarán las directivas específicas para estos nuevos conceptos.
Implicaciones y desafíos para el sector público
Este proceso revela la complejidad de implementar cambios presupuestales en medio de restricciones fiscales. La consulta del Consejo Fiscal indica que las entidades deben definir claramente los clasificadores de gasto y ajustar sus presupuestos en función de los recursos disponibles, sin que el MEF asigne fondos adicionales para cubrir estos pagos.
Historial y alertas del Consejo Fiscal sobre el gasto en beneficios CAS
En el pasado, el Consejo Fiscal recomendó no aprobar medidas que incrementaran el costo fiscal del Estado. Destacó que iniciativas como homologar pensiones de maestros cesantes y jubilados o otorgar gratificaciones en julio y diciembre, junto con el pago de CTS a servidores CAS, tendrían un costo anual cercano a los S/ 9 mil millones. Estas propuestas, advirtió, podrían restringir el espacio fiscal y limitar la capacidad del Estado para afrontar políticas prioritarias.
El Consejo recordó que estos compromisos permanentes dificultan la gestión fiscal futura y que, actualmente, el presupuesto destinado a la implementación de la Ley se mantiene con los recursos existentes en cada entidad, sin aportes adicionales del MEF. La adaptación a la ley, por tanto, representa un reto importante para la sostenibilidad fiscal del sector público.
En definitiva, la consulta del Consejo Fiscal al MEF confirma que, pese a las advertencias, las instituciones están en camino de cumplir con la Ley de gratificación y CTS para los trabajadores CAS, lo que implica un ajuste en la planificación presupuestal y una mayor atención a las restricciones fiscales del país.
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