La gestión de la salud en México ha experimentado cambios profundos en los últimos años, con un enfoque que, en algunos casos, parece más psicológico que técnico. La llamada “psicoterapia presidencial” a gobernadores en materia de salud refleja un proceso de centralización que afecta la autonomía y la responsabilidad de los estados.
Contexto y cambios normativos en la salud pública
Desde 2022, tres decisiones normativas marcaron un antes y un después en el sistema sanitario mexicano. La creación del IMSS-Bienestar, la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y la instauración del Sistema Nacional de Salud Pública alteraron el equilibrio entre el gobierno federal y los estados.
Estas medidas llevaron a que 23 gobernadores firmaran convenios para federalizar sus servicios de salud, transfiriendo infraestructura, personal y presupuesto al sistema centralizado. En el papel, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en 2026 suma más de 84 mil millones de pesos, destinados a atender a más de 50 millones de personas sin seguridad social.
La paradoja de la responsabilidad y la gestión
En la práctica, esta centralización ha desplazado el control directo de los recursos y la gestión de los servicios a los gobernadores. Aunque mantienen la responsabilidad ante la ciudadanía, ya no controlan a los médicos ni deciden sobre hospitales o medicamentos. Esto crea una situación en la que los mandatarios participan en reuniones con la presidenta, en las que se refuerza la narrativa de inversión y gratuidad, pero sin datos claros sobre la atención efectiva.
Este proceso ha sido comparado con una “sesión de psicoterapia presidencial” en la que se les recuerda que hicieron lo correcto al ceder sus sistemas, mientras que la responsabilidad política recae en ellos por cualquier falla.
Impacto en la gestión y transparencia del gasto
El patrón de distribución del FASSA revela que la salud de millones de mexicanos se administra al ritmo de la Tesorería federal, con partidas que no tienen distribución geográfica clara. La concentración del gasto en la Ciudad de México y la incertidumbre sobre los montos y reglas de pago dificultan la planificación de recursos y acciones concretas.
Además, el fideicomiso FONSABI, que financia enfermedades de alto costo, ha reducido su saldo entre 2018 y 2024, y presenta problemas de conciliación y rendición de cuentas, lo que afecta la trazabilidad del gasto en salud.
¿Qué cambios son necesarios?
Para que la gestión sea efectiva, es fundamental implementar medidas que aseguren transparencia, trazabilidad y controles adecuados. Entre ellas, prohibir la retención prolongada de recursos en partidas no distribuidas, restablecer un piso presupuestal para medicamentos y publicar el gasto desglosado por entidad y unidad médica.
Solo con estas acciones, acompañadas de auditorías que vinculen presupuesto y servicios, será posible evaluar si el modelo de IMSS-Bienestar cumple con el mandato constitucional de protección de la salud. Hasta entonces, las sesiones de “psicoterapia presidencial” seguirán siendo un ritual político que no resuelve la falta de indicadores claros sobre la atención a la población.
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