Hay una forma sencilla de saber cuánto le importa a un gobierno el turismo: ver qué hace cuando alguien propone encarecerlo. Esta semana tuvimos la prueba. Hacienda propuso subir el Derecho de No Residente de 983 a 1,334.80 pesos por turista extranjero. La Cámara de Diputados lo aprobó el 13 de octubre en 1,158 pesos, 17.8% más, y en el mismo dictamen subió del 50% al 57% la parte que se queda la Defensa para el Tren Maya y el AIFA: unos 18 mil millones de pesos adicionales. La respuesta del estado que más depende de ese turista fue: “es un gobierno que nos escucha”.
La frase es de Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, cuando le preguntaron dos veces qué opinaba del aumento. No dijo si está de acuerdo. No dio una cifra de impacto. Habló de diálogo, de la turbosina y del sargazo. Mientras tanto, los hoteleros forman frentes, una senadora de oposición pide cita con el secretario de Hacienda y un diputado de Morena promete “llevar propuestas”. Todos se mueven menos quien gobierna el destino.
Un cobro que nadie ve, por eso es fácil subirlo
El DNR es el impuesto perfecto para un gobierno con prisa por recaudar: lo paga alguien que no vota en México, viene escondido en el boleto de avión y casi ningún turista sabe que existe. La senadora Mayuli Latifa afirma que en 2018 costaba 558 pesos. Con lo que aprobaron los diputados, en nueve años habrá subido más del doble.
El problema es que el turista sí compara. Una familia de cuatro pagará unos 700 pesos más que hoy solo por este derecho, antes de hotel, vuelo o comida. Y lo haría en un año en que Quintana Roo, según los propios hoteleros, recibió alrededor de 508 mil turistas menos en el primer semestre. Cobrar más al visitante que ya está dejando de venir no es una política fiscal, es una apuesta.
El dinero no regresa al destino
Lo más difícil de defender no es el monto, sino a dónde va. Desde que desapareció el Consejo de Promoción Turística, México no tiene una bolsa dedicada a promover sus destinos en el extranjero. Lo que cobra a cada turista se reparte entre la Tesorería, Migración y, sobre todo, la Defensa: 57 de cada 100 pesos irán al fideicomiso que administra el Tren Maya y el AIFA. El destino pone la playa, el sargazo y la inseguridad; la Federación se queda con la recaudación y la usa para sostener sus megaobras. Por eso los hoteleros no piden solo frenar el alza: piden que una parte regrese a promoción. Es la petición más razonable de esta discusión y la que menos eco ha tenido en el gobierno estatal.
El silencio tiene calendario
No es casual que nadie de Morena en Quintana Roo quiera pelearse con Hacienda en octubre de 2026. La sucesión estatal está en marcha, las coordinaciones municipales se reparten en estas semanas y confrontar al centro tiene costo. Pero el turismo no espera a que terminen las encuestas internas. Diputados ya votó: 329 a favor y 117 en contra. Ahora le toca al Senado, que tiene hasta el 31 de octubre.
Esa votación dirá más que cualquier conferencia. Si los senadores de Quintana Roo la avalan sin pelear un peso para promoción turística, habrá quedado claro que “nos escucha” quería decir otra cosa: que el estado escucha, y obedece.
Las columnas de opinión reflejan el análisis de Critika con base en los datos citados. Datos: Paquete Económico 2027 (SHCP); declaraciones de Mara Lezama (13 de octubre de 2026); El Diario y Grupo Animal. Actualizado el 14 de octubre de 2026 con la votación del pleno. Para las cifras, ver DNR 2027: cuánto subiría y qué falta para aprobarlo.
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