Una situación humanitaria en medio de cambios migratorios en EE. UU.
Una mujer ecuatoriana embarazada, identificada como Maria Isabel Loja-Loja, enfrenta la deportación de Estados Unidos junto a sus dos hijas, mientras su solicitud de visa para víctimas de trata sigue sin resolverse. El caso, revelado por ABC News, pone en evidencia los riesgos que enfrentan los inmigrantes en medio de las recientes modificaciones en la política migratoria estadounidense.
El caso de Loja-Loja y su lucha por protección
Loja-Loja, que está en su cuarto mes de embarazo, fue retirada temporalmente del proceso de expulsión tras una orden de emergencia dictada por un juez federal en Boston. La mujer y su abogado, Todd Pomerleau, aseguran que ella fue víctima de trata en 2024 en territorio estadounidense y que ha recibido amenazas directas de presuntos traficantes desde entonces. Según el abogado, los agresores enviaron mensajes intimidantes y fotografías de sus hijas, diciendo: “Te vamos a encontrar”.
La mujer expresó su temor por su seguridad y la de sus hijas si regresan a Ecuador, un país que, según su testimonio, se encuentra en una situación de inseguridad creciente. Antes de emigrar, trabajaba como secretaria en una organización que combatía grupos criminales y promovía la concienciación sobre el crimen. Actualmente, trabaja en la construcción y teme que su regreso implique un alto riesgo para ella y su familia.
Contexto de inseguridad en Ecuador
La situación en Ecuador ha empeorado en los últimos años. En 2023, el país registró una de las tasas de homicidio más altas de Sudamérica, con más de 45 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según informes internacionales. La inseguridad, combinada con el aumento de delitos como robos, asesinatos y trata de personas, hace que muchas personas como Loja-Loja consideren su retorno como una amenaza real.
Políticas migratorias en EE. UU. y sus implicaciones
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) modificó en 2025 una política que permitía a funcionarios de ICE posponer expulsiones mientras se tramitaban visas para víctimas de delitos graves y trata de personas, conocidas como visas “T” y “U”. Sin embargo, ahora, según la demanda de habeas presentada por el abogado de Loja-Loja, esas solicitudes pendientes no garantizan ningún estatus legal y no detienen la deportación.
El organismo aclaró que una solicitud pendiente NO otorga ningún derecho legal y que cada inmigrante ilegal está sujeto a detención o deportación, aunque en el caso de Loja-Loja, fue liberada bajo monitoreo GPS mientras continúa el proceso.
Las visas “T” y “U”: un proceso largo y limitado
La solicitud de visa “T” fue presentada el 30 de abril y, aunque concede residencia temporal a víctimas de trata, solo se otorgan 5,000 anualmente en EE. UU. En 2022, solo se aprobaron unas 2,100 solicitudes. La visa “U”, destinada a víctimas de otros delitos graves, tiene un límite de 10,000 por año, pero su proceso puede tardar más de cinco años debido a la alta demanda.
Acciones legales y resistencia ante la política migratoria
Organizaciones como el Center for Human Rights and Constitutional Law en California han presentado acciones colectivas contra estas políticas, denunciando que ahora, por primera vez, se permite la deportación de sobrevivientes de delitos, incluso con solicitudes de protección pendientes. La política del DHS, aseguran, busca priorizar la remoción de extranjeros, sin considerar los derechos de las víctimas.
El caso de Loja-Loja ejemplifica cómo estas políticas afectan directamente a personas vulnerables. Tras la negativa de su petición de asilo, fue incluida en un sistema de monitoreo GPS, lo que su abogado considera una vulneración de sus derechos procesales básicos. Pomerleau declaró a ABC News que esto representa una forma de victimización adicional por parte del gobierno.
El temor y la esperanza de protección
Loja-Loja expresó su preocupación ante ABC News: “Necesito protección para mis hijas y tengo otro bebé en camino”. Su situación permanece en suspenso, a la espera de la resolución de su litigio y su solicitud de visa, mientras continúa bajo control judicial y vigilancia en EE. UU.
Este caso refleja la tensión entre las políticas migratorias y los derechos humanos, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de quienes buscan refugio en un contexto de cambios legales que parecen priorizar la expulsión por encima de la protección a víctimas.
Únete al canal de WhatsApp de CRITIKA
