A Jorge Amílcar Olán no lo encontró la Fiscalía General de la República. Tampoco la Unidad de Inteligencia Financiera, ni el SAT, ni la Secretaría Anticorrupción. Lo encontró un reportero de televisión que pasó siete días sentado frente a una casa en Lugano.
Conviene detenerse en eso antes de discutir si se operó la cara.
El Estado sabía dónde estaban los contratos
Los contratos de sus empresas no son un secreto que alguien haya tenido que robar. Están en los registros de compras públicas: más de 490 millones de pesos en medicinas pagadas con dinero del Insabi, 195 millones más del IMSS, la piedra para las vías del Tren Maya cotizada 70% por encima de la referencia de la propia Sedena. Las escrituras de sus departamentos en Puerto Cancún están en el Registro Público. Las empresas de Texas, en el registro de Texas.
Todo eso lo armó una organización civil con solicitudes de información y un puñado de periodistas. El gobierno, que es quien firmó los contratos y tiene los expedientes completos, no ha armado nada. La fiscal general lo dijo sin rodeos el 16 de septiembre: no hay orden de aprehensión. No hay nada.
La pregunta equivocada
Desde que apareció con barba, gorra y otra cara, la conversación pública se fue a la cirugía. Es comprensible: la imagen es irresistible. Pero es la pregunta equivocada. Un hombre sin cargos puede operarse lo que quiera. Lo que debería incomodar es que no tenga cargos.
Porque aquí no hace falta probar una conspiración. Basta con contestar tres preguntas de trámite. ¿Las medicinas se entregaron completas? ¿El balasto se pagó al precio cotizado o al de referencia? ¿El diésel importado coincide con el declarado? Las tres se responden con documentos que ya existen en oficinas del gobierno federal. Que nadie las haya contestado en seis años no es falta de capacidad. Es una decisión.
Lo que el caso enseña sobre el cambio de sexenio
El argumento oficial es que no se puede perseguir a alguien por ser amigo de los hijos de un expresidente. Es cierto. Tampoco se le puede dejar de investigar por serlo. La amistad no es delito y tampoco es fuero.
Este gobierno heredó el expediente y tiene con él una oportunidad rara: demostrar que la frase “no somos iguales” aguanta cuando el señalado es de casa. Hasta ahora la respuesta ha sido esperar a que el tema se canse. Pero la lista de señalamientos no se acorta con el tiempo; desde agosto sumó una investigación fiscal por 834 millones de pesos y unas grabaciones que hablan de “la maña”.
La vara
Hay una prueba sencilla para saber si una fiscalía funciona: ver quién llega primero a los hechos. Cuando llega primero la prensa una vez, es una buena exclusiva. Cuando llega primero siempre, el problema ya no es de la prensa.
Olán puede cambiarse la cara las veces que quiera. Los contratos siguen teniendo la misma.
Opinión editorial de Critika. Los datos citados provienen de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Proceso, Azteca Noticias, Latinus y declaraciones públicas de la Fiscalía General de la República.
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