La Fiscalía de Morelos obtuvo orden de aprehensión contra el presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, apenas 48 horas después del crimen: identificación por video, activación de búsqueda en varios estados, comunicación oficial con el Consulado de España. Es, medido contra el estándar mexicano de impunidad en feminicidios —más del 90% de los casos no llega a sentencia—, una respuesta institucional notablemente veloz.
Tacoronte es la cuarta estudiante vinculada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos asesinada en 2026, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes Calderón. El estado acumula 69 feminicidios y homicidios dolosos de mujeres entre enero y julio. Ninguno de los tres casos anteriores generó la misma velocidad de respuesta ni la misma cobertura.
Lo que distingue a este caso
Tacoronte estudiaba en un programa de intercambio con la Universidad de Granada. Su muerte activó al Consulado de España en horas, llegó a medios europeos el mismo día, y provocó que la universidad española cancelara el convenio con la UAEM. Ese nivel de presión diplomática y mediática no existe para las víctimas mexicanas del mismo patrón de violencia, en la misma ciudad, en el mismo año.
La pregunta que la Fiscalía no ha contestado
Si una orden de aprehensión es posible en 48 horas cuando hay un consulado extranjero llamando, ¿por qué no lo es cuando la víctima es mexicana? No es una pregunta retórica: es exactamente la que debería responder cualquier auditoría externa sobre cómo se priorizan los recursos de investigación en la Fiscalía de Morelos. La igualdad ante la ley no se mide en el texto de la Constitución; se mide en cuántas horas tarda un fiscal en firmar una orden.
Con información de El Universal e Infobae.
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