La revelación de propiedades y sociedades en Estados Unidos sin declarar en Argentina ha llevado a la denuncia formal contra Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía. Este caso pone en evidencia posibles irregularidades en la declaración patrimonial de un funcionario clave en la gestión pública.
Contexto y antecedentes de la denuncia contra Frugoni
El pasado jueves, en la sede judicial de Comodoro Py, Carlos Frugoni fue formalmente denunciado por la existencia de propiedades y sociedades en EE.UU. que no fueron declaradas en su declaración jurada en Argentina. La causa, que tramita en el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, se suma a otras investigaciones en curso por presuntos hechos de corrupción en el gobierno.
Detalles de las propiedades y sociedades no declaradas
Según la investigación periodística, Frugoni adquirió entre 2020 y 2022, antes de asumir como funcionario, siete departamentos en Miami, con valores que oscilan entre 180.000 y 230.000 dólares cada uno. Además, mantiene en EE.UU. dos sociedades, Genova LLC y Wiki LLC, radicadas en Wyoming y Delaware, de las cuales también sería titular.
Implicaciones y antecedentes en la gestión pública
Frugoni, que en su pasado fue presidente de AUSA, ya había enfrentado sanciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por no presentar su declaración jurada. En agosto de 2025, fue multado con más de $1.7 millones y registrado como incumplidor. La situación resalta posibles conflictos entre su patrimonio declarado y sus bienes en el extranjero.
Repercusiones y posibles consecuencias
La denuncia y las investigaciones en curso podrían tener implicaciones políticas y legales para Frugoni, especialmente en un contexto donde la transparencia y la ética en la función pública están en la mira. La acumulación de causas por enriquecimiento ilícito, en medio de un escenario de cambios políticos, genera incertidumbre sobre el futuro del funcionario.
Este caso refleja la necesidad de fortalecer los controles y la fiscalización en la declaración patrimonial de los funcionarios públicos, para evitar que bienes no declarados puedan ser utilizados para ocultar patrimonio ilícito o evadir impuestos en otros países.
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