La mordida de tránsito sobrevive a todos los cambios de gobierno, a todas las campañas y a todos los reglamentos nuevos. Vale la pena preguntarse por qué, porque la respuesta no está en la moral de nadie: está en los incentivos.
Una transacción con dos ganadores aparentes
Vista desde afuera, la mordida es un delito. Vista desde adentro del momento, es una transacción donde ambas partes creen salir ganando.
El conductor evita el trámite: la boleta, la fila, el pago en caja, y en el caso de faltas graves, la presentación ante un juez cívico. Paga menos de lo que costaría la sanción formal y se ahorra horas.
El agente obtiene un ingreso inmediato sin trámite ni supervisión.
Que ambos perciban un beneficio inmediato es exactamente lo que hace que la práctica se sostenga sola, sin necesidad de organización ni de acuerdo previo.
Dónde está el verdadero costo
El costo no lo paga ninguno de los dos participantes en ese momento. Lo paga el sistema entero, en tres dimensiones que no aparecen en la cuenta:
La sanción pierde su función. Una multa existe para desincentivar una conducta. Si puede resolverse por una fracción del monto y sin registro, deja de desincentivar nada. El conductor que paga mordida por exceso de velocidad vuelve a exceder la velocidad.
El registro desaparece. Sin boleta no hay dato. Sin dato, la autoridad no sabe dónde ocurren las infracciones, en qué horarios ni de qué tipo. Se pierde justo la información que permitiría instalar un semáforo, cambiar una señalización o reforzar un cruce.
La recaudación se privatiza. El dinero que debía ir al presupuesto público va a un bolsillo. Y ese presupuesto es el que financia, entre otras cosas, el mantenimiento vial.
El desconocimiento como insumo
Hay un elemento que rara vez se menciona y que es central: la mordida se alimenta de que el conductor no sepa qué sigue.
Quien ignora que una infracción de tránsito se paga en caja con recibo, o que una falta por alcoholimetría la resuelve un juez cívico y no el agente que lo detuvo, escucha “lo podemos arreglar aquí” como una oferta razonable. Quien lo sabe, la escucha como lo que es.
Eso convierte la información en un factor económico. No es casualidad que las situaciones donde más se paga sean aquellas donde el procedimiento es menos conocido: alcoholimetría, retenes nocturnos, faltas en carretera lejos de casa.
Lo que ha funcionado en otros lados
Las medidas que han reducido esta práctica en distintas ciudades comparten una característica: eliminan la discrecionalidad del encuentro, en lugar de apelar a la conducta.
- Infracciones automatizadas. Una cámara no negocia.
- Pago exclusivamente electrónico. Si el agente no puede recibir dinero por ningún medio legítimo, la transacción pierde su cobertura.
- Cámaras corporales. Cambian el cálculo de riesgo de ambos lados.
- Sanciones que no son monetarias. Cursos o trabajo comunitario en lugar de multa: no hay monto que negociar.
Ninguna apela a la honestidad. Todas modifican la estructura del encuentro.
La conclusión incómoda
Mientras exista un momento en el que un servidor público con facultad sancionadora y un ciudadano con prisa queden solos, sin registro y con un monto negociable de por medio, la práctica va a persistir.
No es un problema de valores. Es un problema de diseño. Y los problemas de diseño se resuelven rediseñando, no exhortando.
Únete al canal de WhatsApp de CRITIKA
