La Alianza Mexicana contra el Fracking manifestó su rechazo a la reciente apertura del gobierno federal para explorar hidrocarburos no convencionales fuera de la cuenca Tampico-Misantla. El colectivo sostiene que esta decisión profundiza la dependencia de combustibles fósiles y representa un riesgo para el agua y las comunidades.
Preocupaciones sobre la estrategia energética
Durante una conferencia de prensa, representantes de organizaciones de Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz, junto con especialistas en energía y territorio, señalaron que la exclusión de la cuenca Tampico-Misantla resulta insuficiente. Argumentaron que la estrategia energética presentada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum contradice el compromiso de campaña de prohibir el fracking.
Los activistas demandaron una prohibición legal de esta técnica en todo el territorio nacional, advirtiendo sobre los riesgos ambientales y sociales que implica la explotación de hidrocarburos no convencionales.
Riesgos ambientales y económicos
Pablo Montaño, de Conexiones Climáticas, indicó que las medidas propuestas por el comité de expertos para reducir los impactos ambientales elevarían significativamente los costos de operación, sin eliminar riesgos como la contaminación de acuíferos, emisiones de metano y sismicidad inducida.
Montaño también advirtió que la explotación de gas no convencional dependería de empresas estadounidenses debido a la tecnología requerida, lo que podría beneficiar a compañías privadas extranjeras en detrimento del discurso de soberanía energética.
Impacto en comunidades y viabilidad económica
Beatriz Olivera, representante de Engenera, cuestionó la narrativa oficial sobre los territorios donde se desarrollaría la extracción. Aclaró que los yacimientos abarcan Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde habitan alrededor de 1.3 millones de personas y existen 1,850 localidades rurales, además de ejidos, comunidades y territorio del pueblo kikapú.
Olivera también puso en duda la viabilidad económica de los proyectos, estimando que perforar entre 2,000 y 3,500 pozos requeriría inversiones de entre 24,000 y 42,000 millones de dólares.
Demandas de las organizaciones civiles
Cristina Auerbach, de Organización Familia Pasta de Conchos y Coahuila Sin Fracking, enfatizó que no existe un “fracking seguro” ni “fracking ecológico”. Subrayó que la extracción de gas no convencional implica riesgos para el agua, el aire, las comunidades y la salud.
- La Alianza Mexicana contra el Fracking exige una prohibición legal nacional.
- Se advierte sobre la dependencia tecnológica de empresas extranjeras.
- Las organizaciones destacan el riesgo para millones de habitantes y comunidades rurales.
El debate sobre el futuro energético de México sigue abierto, en un contexto donde la presión de la sociedad civil pone en cuestión los límites y alcances de la política energética nacional.
Para más contexto sobre el impacto de las decisiones energéticas en la economía mexicana, consulta el análisis sobre utilidades de la banca en México.
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