El control gubernamental sobre la información en México ha alcanzado un nuevo nivel con los recientes lineamientos de telecomunicaciones. La libertad de expresión y la concentración de poder se colocan en el centro del debate, mientras el gobierno busca definir qué es verdad y qué puede difundirse en los medios.
Lineamientos de telecomunicaciones: ¿protección o censura?
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió nuevos “lineamientos para proteger los derechos de las audiencias”. Aunque se presentan como una defensa de los derechos ciudadanos, el trasfondo es que el gobierno pretende decidir qué información es verdadera y cuál no lo es.
Estos lineamientos, difundidos por María Luisa Alcalde como vocera de la CRT, afectan a la radio y la televisión. Sin embargo, se ha planteado que el control podría extenderse a la prensa escrita y las plataformas digitales, aunque la CRT no tiene injerencia legal sobre estos medios.
El contexto político: concentración de poder y democracia en riesgo
Tanto el gobierno de AMLO como el de Sheinbaum (CS) han seguido un manual que incluye la militarización, la captura del Poder Judicial, la manipulación para obtener mayoría en el Congreso, el control de elecciones, la eliminación de instituciones autónomas y el uso del gasto público en programas sociales con fines electorales.
El control y manipulación de la información era el eslabón que faltaba para consolidar este proceso. Los nuevos lineamientos refuerzan la tendencia hacia una concentración de poder y una restricción de la libertad de expresión.
Consulta pública: simulación y decisiones tomadas
Como ha sido costumbre en la llamada 4T, los lineamientos se someten a una “consulta pública” en internet durante tres semanas. Sin embargo, la decisión ya está tomada de antemano, repitiendo el patrón de consultas anteriores que han sido calificadas como pseudoconsultas.
En la consulta pública debería plantearse que los lineamientos también se apliquen al gobierno y a su principal instrumento de comunicación: las mañaneras. Si así fuera, se señalaría que en estas conferencias se difunde información falsa o descontextualizada, no se distingue entre noticia y opinión, ni se concede derecho de réplica a quienes consideran que se ha presentado información inexacta.
Implicaciones para los medios y la sociedad
La ley exigiría a los medios contar con un “Código de Ética” y un “defensor de las audiencias”. Sin embargo, se advierte que la ética es un concepto desconocido para la 4T y que habría un conflicto de interés si se aplicara a las mañaneras, ya que se protegería al gobierno y no a las audiencias.
La CRT tendría la facultad de imponer multas y sanciones económicas que podrían ser estratosféricas y llevar a la quiebra a empresas de medios. El objetivo final sería que el gobierno se erija como autoridad de la verdad y defensor moral de las audiencias, imponiendo su visión y criterios.
Este escenario consolidaría a México en una mentirocracia, donde la información se ajusta a los intereses de la 4T y la libertad de expresión se ve gravemente restringida.
El derecho fundamental: libertad de expresión
En este contexto, la defensa de la libertad de expresión se vuelve crucial. El único derecho que debe prevalecer es el de expresar y difundir información sin censura ni control gubernamental.
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