El nacionalismo obradorista ha impactado los mínimos democráticos en México, debilitando instituciones y valores universales. La polarización y el deterioro institucional exigen repensar el rumbo nacional.
El PPEF 2027 plantea un aumento de casi 8,000 millones de pesos para la Guardia Nacional. El presupuesto también crece para Sedena y FGR, mientras que la Marina ajusta partidas clave.
Cuando gob.mx se cae, el trámite no desaparece: se convierte en una fila, un día de trabajo perdido y un gestor cobrando por lo que debería ser gratis.
Estados Unidos intensifica su ofensiva contra el CJNG, enfocándose en funcionarios mexicanos presuntamente protectores. Sin pruebas públicas hasta ahora, la cooperación bilateral enfrenta nuevos retos.
El TEPJF utiliza la ponderación para armonizar derechos y principios constitucionales en casos como la paridad de género, la reelección y los derechos indígenas. Su labor busca equilibrar la pluralidad política y la autonomía comunitaria.
La presión sobre medios y la introducción de nuevos lineamientos en la Ley de Telecomunicaciones han reavivado el debate sobre censura y control informativo en México. El uso del concepto de “audiencias” y el ajuste del discurso oficial marcan la agenda.
Ken Salazar considera que la captura de Ismael el Mayo Zambada debe verse como una victoria conjunta entre México y Estados Unidos. El exembajador advierte que el verdadero reto sigue siendo la violencia en regiones como Sinaloa.
El debilitamiento del Estado de derecho en México ha llevado a que muchos ciudadanos depositen su esperanza en una intervención de Estados Unidos contra el crimen organizado y funcionarios señalados. La falta de investigaciones internas refuerza esta expectativa.
La antinomia constitucional en la SCJN enfrenta al artículo 94 y el 97 sobre la elección de su presidencia. Expertos de la UNAM proponen reforma constitucional o decisión del pleno. El Ejecutivo federal no impulsará cambios.
La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de coordinar inversiones en México. La nueva estructura presidencial busca agilizar proyectos, pero persiste la pregunta sobre quién realmente destraba los procesos.
