Hoteles y desarrollos en Tulum, Punta Mita, Los Cabos y la costa de Jalisco venden algo que la ley mexicana no permite vender: una playa privada. Y lo cobran caro. De acuerdo con una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, hay operadores que cargan hasta 40% más al precio por una “exclusividad” que no existe.
La propuesta, de la diputada de Morena Beatriz Andrea Navarro Pérez, busca reformar el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para darle a la Profeco tres facultades concretas:
- Vigilancia permanente de páginas web, plataformas de reservación y redes sociales.
- Retiro inmediato de anuncios con términos como “playa privada”, “playa exclusiva” o “acceso privado al mar”.
- Investigar y sancionar de oficio, sin esperar a que un consumidor presente una queja.
El derecho que se está cobrando
El artículo 27 constitucional establece que las playas y la Zona Federal Marítimo Terrestre son bienes de la nación. La Ley General de Bienes Nacionales las clasifica como bienes de uso común: cualquier persona puede usarlas sin más límite que las reglas generales. Un hotel puede obtener una concesión para aprovechar la franja federal, pero no el derecho de excluir a nadie.
Por eso el “acceso privado al mar” es, en términos de consumo, publicidad engañosa: el cliente paga un sobreprecio por un derecho que ya tiene cualquier bañista. Y el que no paga, con frecuencia, se encuentra con una reja.
Quintana Roo, el laboratorio
El caso más documentado es el de la Bahía de Akumal: desde 2013, el Centro Ecológico Akumal y hoteles colindantes bloquearon el camino que por décadas fue el acceso público, alegando que estaba dentro de un predio privado. Hubo enfrentamientos y amparos hasta que el Cabildo de Tulum ordenó su reapertura.
En el corredor Cancún-Tulum, en Tankah y Chemuyil, el acceso sigue condicionado al consumo en clubes y hoteles, pese a que la ley obliga a garantizar accesos públicos y servidumbres de paso.
El límite de la reforma
La iniciativa se alinea con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ordenó investigar la privatización de arenales en Los Cabos y sostuvo que “las playas son del pueblo”. Pero su alcance es acotado: le da a la Profeco poder sobre el anuncio y el sobreprecio, no sobre la reja. El acceso físico sigue dependiendo de la Semarnat, la Profepa y los municipios.
Para el consumidor, el efecto sería directo: si la reforma se aprueba, quien pague por una “playa exclusiva” tendría una autoridad obligada a actuar sin que medie denuncia. Mientras tanto, la vía disponible es la queja ante la Profeco con captura del anuncio y comprobante de pago.
Con información de Novedades Quintana Roo. Foto: Samuel Sweet / Pexels.
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