Estados Unidos y la política de extradiciones en México
La visita del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, a la presidenta Claudia Sheinbaum no fue una reunión de cortesía, sino, según la diputada federal y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Paulina Rubio Fernández (PAN), una orden explícita. La legisladora afirmó que Mullin vino a ordenar a México que inicie la extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.
Contexto y hechos clave
Este evento se dio en un contexto donde Estados Unidos exige a México la detención de diez funcionarios sinaloenses, presuntamente vinculados con el crimen organizado, entre ellos Rocha Moya. La exigencia estadounidense también incluye la captura con fines de extradición del exgobernador, quien fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) el sábado 23 de mayo de 2026.
Rubén Rocha Moya confirmó que recibió un citatorio de la FGR esa misma mañana, y que su comparecencia ante las autoridades mexicanas es solo el primer paso del proceso de extradición. La Secretaría de Relaciones Exteriores podrá avanzar en el procedimiento una vez que rinda su entrevista ministerial, en línea con lo que Washington ha exigido desde hace semanas.
Reacciones y acusaciones del PAN
Lo que más irritó a Rubio Fernández fue la coincidencia en la día entre la citación a Rocha Moya y la llamada a comparecer a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos. La legisladora acusó que Morena intenta “embarrar” a la gobernadora, citándola como testigo en una investigación relacionada con un operativo en la Sierra de Chihuahua, donde murieron dos presuntos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos.
¿Casos diferentes o iguales?
Rubio Fernández insistió en que las situaciones de Rocha Moya y Campos no son comparables. La primera enfrenta acusaciones formales de una corte estadounidense por presuntos vínculos con Los Chapitos, mientras que la segunda fue citada solo como testigo en un operativo. La gobernadora, además, inicialmente negó tener conocimiento de la operación, aunque después reconoció la presencia de elementos extranjeros en la frontera, señalando que no fue la CIA sino otras agencias como el FBI y Homeland Security.
Implicaciones políticas y sociales
Este episodio evidencia la tensión entre México y Estados Unidos respecto a la lucha contra el crimen organizado y la soberanía nacional. La acusación del PAN, que califica la visita de Mullin como una orden, refleja la percepción de que Washington busca influir en decisiones internas mexicanas, en un escenario donde las extradiciones y las investigaciones judiciales se vuelven un campo de batalla político.
¿Qué sigue después?
El proceso de Rocha Moya continúa en marcha, y la situación de Campos se mantiene en el ojo público. La percepción de que EE.UU. intenta presionar a México para que actúe en favor de sus intereses se refuerza, mientras las autoridades mexicanas enfrentan el reto de mantener su soberanía sin ceder ante las presiones externas. La relación entre ambos países seguirá siendo un tema de discusión, especialmente en un contexto donde las acusaciones cruzadas y las investigaciones judiciales se entrelazan con la política local.
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