Un clip de Nayib Bukele circula otra vez en TikTok, con más de 600 mil reproducciones en una sola cuenta. En él, el presidente de El Salvador explica para qué existe el gobierno: “Si vas a pagar impuestos, por lo menos lo quiero ver en obras”. Pone el ejemplo de cien casas sin calle: todos aportan según lo que tienen y el Estado construye la calle.
Después describe cómo se pervierte el sistema. El gobierno “se va engordando”, contrata amigos y financistas de campaña y se queda con los impuestos en salarios y robos. Luego pide prestado para hacer la calle, también se roba el préstamo y termina diciéndole al pueblo que debe pagar más impuestos “porque fíjese que estamos bien endeudados”.
El discurso conecta, y no solo en El Salvador. Pero sirve para una pregunta concreta: ¿qué dicen las cuentas del propio gobierno de Bukele? Este mes hay datos frescos, porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de revisar su programa con el país.
La deuda: 35 mil millones de dólares
Según el Banco Central de Reserva, la deuda pública salvadoreña llegó a 35,038 millones de dólares en agosto de 2026. Es 2,823 millones más que en diciembre de 2024. Medida contra el tamaño de la economía, ronda el 85% del PIB según el FMI y llega a 93% si se cuentan las obligaciones de pensiones, como hace la prensa salvadoreña con datos oficiales.
El presupuesto de 2026 destina 1,504 millones de dólares solo al pago de intereses. Es más de lo que gasta el país en muchos ministerios completos. En 2019, el año en que Bukele llegó al poder, el pago de intereses era de 1,336 millones; en 2025 subió a 1,756 millones.
El FMI: luz verde, con condiciones
El 1 de octubre, el directorio del FMI aprobó juntas la segunda y la tercera revisión del acuerdo de 1,400 millones de dólares que El Salvador firmó en febrero de 2025. Con eso liberó un desembolso de unos 138 millones. Dan Katz, subdirector gerente del Fondo, dijo que el programa da “beneficios tangibles”, aunque reconoció retos de implementación.
La revisión también dejó claro lo que no se cumplió:
- Bitcoin: el gobierno incumplió el compromiso de no acumular más y el FMI tuvo que otorgar dispensas. El Fondo dejó por escrito que no se contemplan más compras, salvo donaciones documentadas.
- Pensiones: la reforma, que debía estar lista en febrero de 2026, se pospuso a 2027.
- Transparencia: siguen pendientes publicar el uso de más de 800 millones del fondo de emergencias usado en la pandemia (Fopromid) y los nombres de los proveedores del Estado.
El ajuste que ya se siente
Para cumplir la meta de superávit primario de 3.7% del PIB en 2027, el gobierno recortó el presupuesto en 1,826 millones de dólares entre 2025 y 2026, según Infobae. Ese recorte incluye el despido de más de 7,000 empleados públicos, el cierre de 72 escuelas y de 52 unidades de salud. El economista César Villalona advierte: “Un ajuste de ese tipo implica recortar el gasto drásticamente”.
El FMI incluso planteó subir tres puntos el IVA, lo que recaudaría entre 800 y 850 millones de dólares. Es justo la secuencia que describe el discurso: deuda primero, más impuestos después.
Lo que sí funciona
Sería injusto leer solo la mitad de los datos. La economía salvadoreña creció más de lo esperado en 2025 y el FMI proyecta 4.5% para 2026, impulsada por inversión, remesas y turismo. La seguridad, el gran logro de Bukele, ha atraído visitantes y capital que antes no llegaban. Las reservas internacionales subirían a 5,346 millones de dólares este año.
Discurso contra contabilidad
El clip de Bukele describe bien un problema real de América Latina: gobiernos que cobran, se endeudan y no entregan. Pero aplicado a su propio gobierno, el diagnóstico se vuelve incómodo. El Salvador debe más que nunca, paga más intereses que cuando él llegó y tiene pendientes de transparencia que el propio FMI le señala.
La diferencia, dirán sus seguidores, es que ahora sí hay “calle”: seguridad y crecimiento. Si esa calle se pagó a crédito, la factura llegará con la reforma de pensiones de 2027 y el ajuste que exige el Fondo.
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