El Artículo 30-B, incluido en el Paquete Económico 2026, ha encendido alarmas entre especialistas, empresas tecnológicas y organizaciones defensoras de los derechos digitales. Esta nueva disposición otorgaría al SAT la facultad de acceder en tiempo real a bases de datos de plataformas digitales, con el argumento de fortalecer la transparencia fiscal. Sin embargo, diversos sectores advierten que este poder abre la puerta a la vigilancia digital masiva en México.
“El SAT no debería tener acceso ilimitado a datos personales ni empresariales sin supervisión judicial. Es una amenaza directa a la privacidad digital y a los derechos digitales de los ciudadanos”, advirtió la Asociación de Internet MX.
¿Qué propone el Artículo 30-B y por qué preocupa?
El texto del artículo propone que el SAT pueda solicitar acceso “en tiempo real” a las bases de datos de contribuyentes, plataformas digitales y entidades financieras para “verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales”. Esto incluye registros de transacciones electrónicas, operaciones digitales y hasta datos de usuarios en plataformas de pago.
Los críticos sostienen que esta medida constituye una forma de vigilancia fiscal sin precedentes, al permitir la inspección directa de información privada sin una orden judicial. Esto contraviene principios de protección de datos personales establecidos en la Constitución y en tratados internacionales.
Riesgos para empresas y ciudadanos
Empresas tecnológicas y cámaras empresariales han alertado que el control digital podría afectar la confianza de los usuarios y generar fuga de inversión en sectores fintech y e-commerce. Los ciudadanos, por su parte, enfrentan el riesgo de que sus datos financieros y personales sean utilizados de manera indebida o sin consentimiento.
Expertos en ciberseguridad advierten que el SAT carece de protocolos de ciberseguridad fiscal sólidos para manejar la enorme cantidad de datos que recibiría, lo que aumentaría el riesgo de filtraciones o hackeos de información sensible.
Vigilancia fiscal global: una tendencia peligrosa
México no es el primer país en intentar fortalecer la vigilancia fiscal digital. En Estados Unidos, el IRS implementó sistemas de rastreo electrónico, aunque bajo supervisión judicial. En Europa, países como España o Alemania adoptaron políticas similares pero con marcos legales claros de protección de datos. Sin embargo, el Artículo 30-B carece de estos contrapesos.
El Senado podría frenar la medida
El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados dentro del Paquete Económico 2026, pero aún debe discutirse en el Senado de la República. Diversos legisladores de oposición y organizaciones civiles han solicitado su revisión o eliminación, argumentando que “el SAT no puede convertirse en un instrumento de vigilancia ciudadana”.
Mientras tanto, colectivos digitales promueven la etiqueta #NoAl30B en X (Twitter) para exigir que el tema sea debatido públicamente y no aprobado en “fast track”.
FAQ: Todo lo que debes saber sobre el Artículo 30-B
- ¿Qué es el Artículo 30-B? Una propuesta fiscal que otorga al SAT acceso a bases de datos digitales para verificar obligaciones tributarias.
- ¿Por qué es polémico? Porque podría vulnerar el derecho a la privacidad digital y al manejo confidencial de datos personales.
- ¿Está aprobado? Aprobado en Diputados; pendiente de discusión en el Senado.
- ¿A quién afecta? A ciudadanos, empresas tecnológicas, fintechs, bancos y plataformas digitales que almacenan información sensible.
Conclusión: el riesgo del control digital sin límites
El Artículo 30-B representa un punto de inflexión en la relación entre fiscalización y privacidad. Sin un marco de transparencia y regulación clara, podría sentar un precedente de vigilancia digital permanente en México. Los expertos insisten: el equilibrio entre control fiscal y derechos digitales debe preservarse.
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Por CRITIKA · Publicado el 19 de octubre de 2025







