Cuando un funcionario público sale de su cargo “por motivos personales” y semanas después el gobierno que lo empleaba promete investigarlo “hasta las últimas consecuencias”, hay una pregunta que casi nunca se hace en la cobertura del día: ¿quién, exactamente, va a hacer esa investigación?
En Playa del Carmen, la respuesta es el Organismo Interno de Control del propio Ayuntamiento. La presidenta municipal, Estefanía Mercado, fue enfática esta semana al referirse al caso del ex tesorero Javier Regalado Hendricks —quien renunció el 21 de mayo en medio de una revisión financiera que documentó pasivos circulantes por 889.8 millones de pesos—: si hay delito, habrá denuncia. Es una promesa correcta en el papel. También es una promesa que depende, por completo, de un órgano que le reporta administrativamente al mismo gobierno que está siendo señalado.
No es un defecto exclusivo de Playa del Carmen ni un señalamiento contra esta administración en particular. Es la arquitectura estándar de la fiscalización municipal en México: un Ayuntamiento tiene su propia Contraloría interna, que revisa su propio ejercicio del gasto, con personal que la propia alcaldía nombra y remueve. El municipio se audita a sí mismo antes de que cualquier instancia externa —la Auditoría Superior estatal, la Fiscalía— tenga oportunidad de entrar. Cuando ese primer filtro decide que algo amerita una denuncia penal, el caso sale del terreno administrativo y entra al judicial. Cuando decide que no, generalmente ahí termina la historia, sin que el público vuelva a saber del expediente.
Por qué esto importa más allá de un nombre
El caso concreto tiene, hasta ahora, los elementos que cualquier medio cubriría: una renuncia repentina, un relevo aprobado por unanimidad al día siguiente, observaciones de entrega-recepción que el nuevo tesorero confirma pero no detalla, y una cifra de pasivos que por sí sola explica por qué el tema llegó a una rueda de prensa. Nada de eso, sin embargo, resuelve la pregunta estructural: ¿qué pasa si el Organismo Interno de Control —dependiente del mismo gobierno municipal— concluye que no hay delito que perseguir?
La respuesta honesta es que, salvo presión pública sostenida o una auditoría externa que llegue por otra vía, probablemente no pasa nada más. Y ahí está el problema real que este caso ilustra: la promesa de “hasta las últimas consecuencias” es tan fuerte —o tan débil— como el órgano que la va a ejecutar, y en la mayoría de los municipios mexicanos ese órgano no es independiente del poder que audita.
Lo que sí puede cambiar el desenlace
Hay dos cosas que distinguen una investigación interna real de un episodio de manejo de crisis: un plazo público y una salida hacia una instancia externa. Mercado dijo que “si obviamente encontramos algún delito, claro que se van a presentar las respectivas denuncias” —esa es, precisamente, la salida que importa: no lo que decida el Organismo Interno de Control por sí solo, sino si el expediente efectivamente llega a la Fiscalía Anticorrupción del estado, con nombre, cifra y fecha.
Playa del Carmen no inventó este defecto de diseño institucional. Pero tiene, en este momento, la oportunidad de mostrar si una Contraloría municipal puede investigarse a sí misma con consecuencias reales —o si, como ocurre casi siempre, la frase “hasta las últimas consecuencias” es donde termina la historia.
Con información de Mario Castillo.
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