El despojo de inmuebles en la Ciudad de México se vincula directamente con registros inmobiliarios desactualizados. Esta problemática, que afecta tanto la seguridad patrimonial como la dignidad de las personas, exige una modernización urgente de los sistemas de registro y la coordinación entre diversas instituciones.
El impacto del despojo y la falta de registros
El despojo es uno de los delitos patrimoniales que más afecta a los habitantes de la capital. No solo implica la pérdida de un bien, sino también del espacio donde las personas han invertido sus ahorros, planeado su vejez o considerado como herencia para sus familias.
En las últimas décadas, la Ciudad de México ha experimentado una expansión irregular. Esto ha generado dos fenómenos paralelos: por un lado, el crecimiento hacia la periferia con asentamientos irregulares que no se integran a los registros oficiales; por otro, el vaciamiento de zonas centrales, dejando inmuebles habitacionales sin ocupar, susceptibles a la invasión.
Diferencias entre catastro y realidad habitacional
Un ejemplo claro se encuentra en Iztapalapa, la alcaldía más poblada de la capital. Según el censo del INEGI, existen 504,000 viviendas, mientras que el catastro solo reporta 339,000 unidades de tipo habitacional o habitacional-comercial. Esto significa que al menos 30% de las viviendas ocupadas no están contempladas en el catastro de forma individual.
En contraste, en la alcaldía Benito Juárez, el catastro reporta 238,000 unidades habitacionales, pero el censo solo registra 176,000 viviendas particulares habitadas. Así, una cuarta parte de las unidades no se utiliza como casa-habitación.
Las zonas centrales, como el Centro Histórico, Agrícola Oriental, Narvarte, Roma Norte, Doctores, San Andrés Totoltepec, Del Valle Centro, Santa María la Ribera, Obrera y Pedregal de Santo Domingo, han mostrado una mayor recurrencia de casos de despojo desde 2016, según datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La urgencia de la digitalización y coordinación institucional
La falta de una política de regularización de propiedades y de registros certeros es un obstáculo para combatir el despojo. No contar con expedientes actualizados y digitalizados, así como el uso insuficiente de herramientas tecnológicas, abre la puerta a delitos patrimoniales.
En los últimos años, se reportan diez denuncias diarias por despojo. En 2025, se registraron 3,797 carpetas de investigación por este delito en la Ciudad de México. Hasta julio de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó más de 1,900 carpetas de investigación abiertas por despojo.
Las autoridades han anunciado planes para apoyar a los afectados, brindar asesoría jurídica y reforzar la presencia policial. Sin embargo, el despojo no es el único problema: los conflictos sucesorios, las disputas familiares y vecinales y las invasiones también se derivan de la falta de registros actualizados.
Hacia una solución integral
La solución pasa por fortalecer las instituciones y lograr un Registro Público de la Propiedad y del Comercio completamente digitalizado. Es fundamental contar con expedientes sistematizados y en tiempo real, lo que requiere la coordinación entre catastro, Registro Público, notarías y autoridades judiciales.
- Digitalización y actualización de expedientes inmobiliarios
- Coordinación entre instituciones involucradas
- Atención integral a víctimas y prevención de ilícitos patrimoniales
Solo una intervención integral permitirá frenar el avance del despojo y otros delitos patrimoniales en la Ciudad de México. Para profundizar en la transformación digital de medios y registros, puedes consultar Luces del Siglo: evolución editorial desde Cancún a lo digital.
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