Sheinbaum involucra al gobierno federal en el caso de Brenda Quevedo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para solicitar a la Fiscalía General de la República un informe sobre el caso de Brenda Quevedo Cruz, presunta implicada en el llamado caso Wallace. La petición fue hecha durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, tras una pregunta de un reportero sobre una causa judicial que lleva 20 años sin resolverse.
Un caso que lleva décadas sin sentencia
Brenda Quevedo, de 45 años, vive en un departamento de 80 metros cuadrados en la Ciudad de México y actualmente está bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico, tras pasar más de 15 años en diferentes penales. La causa que la involucra en el caso Wallace comenzó en 2005, cuando Hugo Alberto Wallace Miranda fue reportado como desaparecido en la Ciudad de México. La Fiscalía acusa a Quevedo de participar en su secuestro y presunto asesinato, basándose principalmente en declaraciones ministeriales, incluyendo una confesión que la Suprema Corte de Justicia invalidó por haber sido obtenida bajo tortura.
Reacciones de organismos internacionales y derechos humanos
Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la ONU han intervenido en el caso. En 2023, la CNDH documentó violaciones al debido proceso y actos de tortura física y sexual en el proceso contra Quevedo. La ONU, a través del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, concluyó en 2020 que su encarcelamiento fue injustificado y arbitrario, y recomendó su liberación inmediata. Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, el proceso no ha avanzado y ella sigue en prisión domiciliaria.
El contexto político y legal
El caso de Quevedo ha sido objeto de controversia, ya que la evidencia principal contra ella fue invalidada por la Corte, y la ley mexicana contempla la preliberación de presos cuya única prueba condenatoria sea una confesión obtenida bajo tortura. En agosto de 2021, el entonces presidente López Obrador firmó un decreto para liberar a presos en esas condiciones, pero el caso de Quevedo no se ha beneficiado de esa medida.
¿Qué sigue ahora?
Con la instrucción de Sheinbaum, por primera vez el gobierno federal se involucra públicamente en el expediente, que lleva 20 años sin sentencia definitiva. La respuesta de la Fiscalía determinará si el proceso avanza hacia una resolución o si se mantiene en la larga lista de causas sin resolver, que en muchos casos reflejan fallas del sistema judicial y posibles irregularidades.
Este caso pone en evidencia las fallas del sistema judicial mexicano y la lucha de quienes, como Quevedo, denuncian tortura y violaciones a sus derechos. La participación del gobierno en este momento puede marcar un precedente en la revisión de causas judiciales que llevan décadas sin resolverse y que, en muchos casos, parecen estar marcadas por irregularidades y violaciones al debido proceso.
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