Víctor de Aldama declara en la Audiencia Nacional sobre Zapatero y las mascarillas
El empresario Víctor de Aldama, investigado en la causa por contratos de mascarillas durante la pandemia, ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, utilizaba teléfonos seguros. Además, afirmó que no le consta que en Baleares se cobraran comisiones por los contratos adjudicados a la presunta trama en la pandemia, a diferencia de lo que habría ocurrido en Canarias.
Detalles de la declaración y contexto legal
Aldama fue citado a declarar ante el juez Ismael Moreno después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentara un informe sobre los contratos de material sanitario en Baleares. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Aldama precisó que Zapatero no tendría conocimiento de irregularidades en Baleares y que, en su opinión, el expresidente usaba teléfonos seguros, lo que podría indicar un intento de mantener confidencialidad en sus comunicaciones.
Relaciones y pagos presuntamente ilegales
El empresario también afirmó que los pagos de 10.000 euros que le habría realizado a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, no estaban limitados a los contratos de mascarillas, sino que también respondían a presuntos arreglos en obra pública. Además, afirmó que Koldo García presumió de su relación con la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Implicaciones y antecedentes del caso
La Fiscalía Anticorrupción solicitó las declaraciones de Aldama y Koldo García tras el informe de la UCO, que señalaba que los contratos de material sanitario en pandemia habrían sido utilizados para justificar pagos en efectivo a Aldama, con el fin de mantener su influencia y obtener beneficios económicos. La causa también investiga presuntos amaños en obra pública y pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024, en un proceso que aún mantiene secreto de sumario.
¿Qué sigue en la investigación?
Originalmente, Aldama y Koldo García estaban citados para declarar el 14 de mayo, pero la declaración del empresario fue reprogramada para esta semana, tras verificar la agenda de la Audiencia. Koldo García optó por no declarar, amparándose en su derecho y en un recurso presentado por su abogada, quien argumentó que ya había sido juzgado en el Tribunal Supremo por hechos relacionados y que su declaración sería redundante.
¿Qué implica todo esto para la política española?
Este caso revela las presuntas conexiones entre contratos de pandemia, influencias políticas y pagos en efectivo que, según las investigaciones, podrían haber sido utilizados para asegurar beneficios económicos y mantener influencias en altos cargos. Aunque aún no hay condenas, la declaración de Aldama y las investigaciones en curso muestran que la trama podría tener ramificaciones en el ámbito político y judicial en España.
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